Argentina, el país de los ninos perdidos

Entre los años 1976 y  1983 Argentina fue regida por una dictadura militar que hizo numerosas víctimas, 15.000 fusiladas en las calles y 30.000 oficialmente consideradas desaparecidas. El 80% tenían entre los 18 y los 35 años. El 30% eran mujeres, el 10% de ellas estaban embarazadas. Las mujeres eran mantenidas en vida en los centros clandestinos de detención hasta el momento del parto e, a menudo, torturadas a pesar de su condición, como resulta en el testimonio que Adriana Calvo de Laborde presto en el juicio de 29 de abril de 1985:

“Como experiencias terribles en este lugar tengo que contar el parto de Inés Ortega; Inés tenía en ese momento 16 o 17 años; era por supuesto su primer hijo, estaba muy asustada, unos días antes de su parto comenzó con contracciones y nosotras comenzamos a 11 al cabo de guardia después de horas conseguimos que nos atendieran y les explicamos que estaba con contracciones, y dijeron que iban a traer a un médico; varias horas después llegó (…)  el doctor Bergés; ese doctor nos sacó de la celda a Inés y a mí, ya que estaba yo embarazada(…); nos llevaron prácticamente a la rastra, escaleras arriba, en una escalera de cemento, donde nos golpeábamos en todos los escalones; nos tiró en el piso y en menos de tres minutos nos hizo un tacto a cada una; era sin duda un médico obstetra; dijo que estábamos perfectamente bien y nos volvieron a tirar en la celda; unos días después, comenzó el trabajo de parto de Inés Ortega;(…) estuvimos todas gritando al cabo de guardia para que viniera; Inés tenía contracciones cada vez más seguidas, yo trataba de decirle que la respiración abdominal, que el jadeo; estaba tirada en el piso, desesperada; por fin, muchas horas después, comenzó su trabajo de parto por la mañana y vinieron a buscarla muy tarde a la noche, se la llevaron al cuarto de al lado, el mismo que usaban para torturar, la subieron a la mesa y vendada, oíamos sus gritos, oíamos las risas de los guardias, oíamos los gritos del médico y por fin oímos el llanto del bebé; había nacido un varón en perfectas condiciones aunque no lo crean; lo oímos durante un día que lo tuvieron en una celda chiquita, que había al lado de la nuestra; ella nos contó después que la dejaron con su bebé; después le dijeron que el coronel lo quería ver y que se lo iban a entregar a los abuelos; Inés no volvió con nosotras, nunca más aparecieron ni Inés ni su bebé, ella le puso Leonardo y nació el 12 de marzo de 1977, y estaba en perfectas condiciones”.

desaparecidos giornata memoria

En los centros de detención o en sus cercanías se organizaban maternidades clandestinas, con médicos y enfermeras bajo mando militar. Una vez producido el parto, se asesinaba a la madre: la verdadera identidad del bebé era suprimida y substituida con una nueva, con documentos falsos.

Los niños eran entonces entregados a parejas que, en la mayoría de los casos, eran cómplices del asesinato de los padres biológicos y de la supresión de su identidad. Se calcula que más que 500 menores fueron dados en adopción ilegal o inscritos como propios por los  verdugos de sus padres o entregados a instituciones para que lo dieran en adopción y nunca devueltos a sus familias de origen. De estos 500 hasta ahora se recuperaron 121 nietos.

Fundamental para la recuperación de los hijos de los desaparecidos y para la restitución de su identidad, así como la denuncia de los torturadores e asesinos de sus padres, fue la acción de la Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, infatigables en las operaciones de búsqueda, de recuperación de sus descendientes y de la asistencia para los nietos recuperados. Ya en plena dictadura, en 1980, encontraron a las primeras dos nietas, Tatiana y Mara Laura Ruarte.

Igualmente importante fue el impulso que las Madre y las Abuelas dieron a la creación en 1984 del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a cargo del entonces director del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, Eric Stover. La coordinadora Cecilia Ayerdi cuenta que surgió “como organización no gubernamental porque los familiares desconfiaban de los peritos oficiales que en general habían sido los que habían intervenido también durante la dictadura”.

En 1987 se creó por ley el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), con el fin de esclarecer la identidad de los presuntos hijos y nietos apropiados. El Banco conservaría “una muestra de la sangre extraída a cada familiar de niños desaparecidos nacidos en cautiverio”, recorriendo a la metodología desarrollada por distintos genetistas tras adaptar para el caso los análisis utilizados en las pruebas de paternidad, como lo explica Víctor Penchaszadeh, uno de los médicos que participó en su elaboración, en el libro Genética y Derechos Humanos. Las pruebas de sangre de los familiares serán guardados hasta 2050.

Desde 2009 el BNDG funciona dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, como organismo autónomo y autárquico.

Con el regreso de la democracia, el 10 de diciembre  de 1983, el presidente Raúl Alfonsín, instituyó la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición ocurridas bajo la dictadura militar). La Comisión no fue instituida para juzgar sino para indagar la suerte de los desaparecidos. Muchas fueron las declaraciones, los testimonios y las evidencias de cientos de centros clandestinos de detención.

En 1985 tuve lugar el primer proceso contra la juntas militares, conocido como el Juicio de las Juntas, que terminó con la condena de Videla, Massera e Agosti, miembros de la primera junta, e de Viola y Lambruschini, miembros de la segunda junta.  El proceso se pronunció sobre más de 600 víctimas de la dictadura y sobre la apropiación de siete niños hijos de desaparecidos. En la sentencia, la Cámara Federal los absolvió por seis casos, y nada se dijo del séptimo, sustentada en la afirmación que los comandantes de las fuerzas armadas otorgaban a los cuadros inferiores “una gran discrecionalidad” y además afirmaron que la sustracción de menores se ha demostrado solo en forma ocasional, haciendo mención únicamente a los menores Felipe Martín y María Eugenia Caracoche de Gatica, los dos únicos menores que habían recuperado su identidad.

En el mismo año el presidente Alfonsín, a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, asignó dos fiscales para que se dedicaran especialmente a los casos de secuestro-desaparición de niños. Pero en 1987,  en un contexto de sublevaciones militares de extrema derecha «carapintadas», el Congreso, sancionó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que cerraron la posibilidad de enjuiciar a los demás responsables de las violaciones de derechos humanos. El ciclo de impunidad se cerró en 1989 y 1990 con los indultos concedidos por el presidente Carlos Menem.

El secuestro y ocultamiento de identidad son considerados como  “delito continuado”, porque persiste en el tiempo, por eso  los casos de niños secuestrados-desaparecidos no fueron alcanzados por la Ley de Punto Final,  ni para ellos podría invocarse la «obediencia debida» de los oficiales. Todo eso permitió  seguir con las investigaciones y los juzgamientos.

Un caso ejemplar fue la condena del subcomisario Samuel Cobani Miara a 12 años de prisión por la apropiación ilegal de los mellizos Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa, hijos de Juan Reggiardo y María Rosa Tolosa, desaparecidos en 1977.

En 1997, las Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron una causa penal sosteniendo que el robo de bebés era parte de un plan sistemático impulsado desde el más alto nivel del Estado durante la dictadura. Se trató de uno de los juicios más importantes referidos a violaciones de derechos humanos en la Argentina y en ello se investigó la apropiación de 194 niños.

En 2003, la deputada nacional Patricia Walsh, envió un proyecto para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que fue aprobado como ley en agosto del mismo ese año; en junio de 2004, un fallo de la jueza cordobesa Cristina Garzón de Lascano declaró ambas normas nulas, dando así lugar al encausamiento de los acusados de delitos aún no prescriptos, incluyendo todos los crímenes de lesa humanidad.

En 28 de febrero de 2011 se reconoció la existencia de un plan criminal y en 2012  los exponentes de la junta militar fueron definitivamente condenados.

En la sentencia de 2005, confirmada en las sucesivas,  figura que:

“Los hechos que configuran en el caso el delito de sustracción y de supresión de identidad del menor nacido durante el cautiverio de su madre en la Escuela de Mecánica de la Armada y su posterior entrega a una familia allegada a miembros de las Fuerzas Armadas, deben ser interpretados como verificados en el marco de un régimen clandestino de detención utilizado por la dictadura, que configuró un plan de aniquilación sistemático en el cual, además de la afectación física de aquellos que recibían el rótulo de subversivos, fue también necesario amputar los ideales que dichos ciudadanos sostenían, erradicando también a aquellos que en un futuro pudieran abrigar los mismos pensamientos”.

 

Anna Fresu

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